Por Sriram Madhusoodanan y Pablo Fajardo Mendoza
This essay first appeared on Fix, Grist’s solutions lab, and has been translated from the original English./Este ensayo se publicó, por primera vez, en su idioma original: inglés, en Fix, Grist’s.
Pablo Fajardo Mendoza, abogado de justicia ambiental, que trabaja con la Unión de Afectados por Texaco. Sriram Madhusoodanan es el director de la campaña climática para Estados Unidos de Norteamerica en Corporate Accountability, un organismo de control, con incidencia global, que vigila a las corporaciones y organiza campañas.
El verano pasado, Delaware, Connecticut y otros estados se sumaron a ciudades como Hoboken, en New Jersey, y Charleston, en Carolina del Sur, en las demandas jurídicas emprendidas contra algunas corporaciones de combustibles fósiles tales como Exxon Mobil, BP, Chevron y Shell, por haber engañado al público con respecto a los impactos del cambio climático resultantes de la quema de combustibles fósiles. Lo cual hace que en la actaulidad existan dieciséis litigios activos iniciados por distintas ciudades, condados, estados, y el distrito de Columbia.
Se puede hacer justicia en los tribunales de Estados Unidos; sin embargo, es fundamental tener en cuenta que los tomadores de desición y comunidades que ahora trabajan en lograr que las empresas de combustibles fósiles asuman su responsabilidad jurídica, deben hacer todo lo que esté en sus manos para asegurar de que la justicia, junto con la reparación de daños, se extienda a aquellas comunidades, que han padecido más los impactos de estas prácticas arbitrarias alrededor del planeta. El primer paso fundamental, es unirse y alinear estrategias para terminar con los vacíos legales que utilizan las corporaciones para evadir su responsabilidad jurídicaCon este propósito, una coalición global de expertos en responsabilidad jurídica, activistas por la justicia social y ONG’s –incluida una de las nuestras, Corporate Accountability—se unieron para crear una herramienta para gobiernos y movimientos de la sociedad civil, llamada Hoja de ruta para la responsabilidad jurídica. Este documento reúne la experiencia de pueblos indígenas y comunidades que se encuentran en la línea de frente luchando contra los peores contaminadores y que han sentado precedentes legales. Un elemento clave para tener éxito es la colaboración.
Mientras que las corporaciones de combustibles fósiles de Estados Unidos han pisoteado los derechos humanos, la democracia, y el medioambiente en diferentes regiones del planeta para conseguir ganancias, las comunidades que se encuentran en la línea de frente han estado librando batallas legales por décadas. Muchas las han ganado. Por ejemplo, en el 2019, una corte alemana falló a favor de la demanda emprendida por cuatro mujeres nigerianas contra Royal Dutch Shell por su complicidad en la muerte de sus maridos, en 1995. En 2016, en Chad, un tribunal multó a Exxon, por 74 mil millones de dólares en impuestos atrasados y regalías. Y, en Ecuador, algunas comunidades indígenas ganaron una demanda que ordenaba a Chevron pagar 9.5 mil millones de dólares por la extracción, los daños y la contaminación que había ocasionado la corporación al trabajar en el Amazonas.
Sin embargo, en muchos de estos casos, los demandados aún no han pagado un solo centavo. En Ecuador, por ejemplo, Chevron contrademandó al país utilizando un tratado bilateral de inversión. Con ello fue capaz de evadir el pago que le correspondía realizar por sus prácticas arbitrarias. De manera aislada, esos casos han protagonizado fuertes luchas contra el poder financiero, legal y político de los Grandes Contaminadores, que amenazan con litigios interminables, intimidación legal y otras estrategias con tal de no asumir su responsabilidad jurídica. Los defensores medioambientales y de la Tierra se encuentran también en riesgo de ser victimas de violencia. De acuerdo con Global Witness, el 2019 fue el año más cruento que se ha registrado con respecto a las muertes de estos personajes. En Colombia y otros lugares, las corporaciones de combustibles fósiles, minería y agroindustria han sido señaladas como cómplices de estos crímenes.
Para enfrentar estas adversidades, los litigantes y la sociedad civil deben unirse; compartir recursos y estrategias, tal como sucedió cuando se emprendió la lucha contra la mortal industria del tabaco. Una de las inspiraciones de la Hoja de ruta de la responsabilidad jurídica se encuentra en un tratado de salud pública poco conocido de la Organización Mundial de la Salud, denominado “Convenio Marco para el Control del tabaco”. Entre otras medidas de suma importancia, este documento detalla cuáles son las acciones que podrían seguir los gobiernos para recuperar los inmensos costos del cuidado de la salud relacionados con el consumo de tabaco. Dentro del Marco se incluye una herramienta de responsabilidad civil para ayudar a los países a utilizar sus leyes y acuerdos internacionales para que tengan la mayor repercusión posible, junto con sugerencias para modificar las leyes y sentar precedentes efectivos que impidan a las corporaciones utilizar los acuerdos comerciales para evadir su responsabilidad jurídica.
La colaboración puede manifestarse de múltiples maneras. En muchos casos, es tan simple como compartir las estrategias legales y la información acerca de las operaciones de la industria. Pero también puede consolidarse como una colaboración internacional entre los países. Los casos que han llegado a los tribunales buscan conseguir la justicia mediante una demanda cuyo fin es que el acusado asuma la responsabilidad jurídica que le corresponde por los crímenes y abusos que perpetra, pero su propósito es mucho más ambicioso: terminar con la larga historia de manipulación política que tiene la industria de los combustibles fósiles. El primer paso para quienes se enfrentan a los Grandes Contaminadores, desde Estados Unidos, es ponerse en contacto con quienes ya lo han hecho en otras partes del mundo.
El éxito de las corporaciones estadounidenses de combustibles fósiles, como Chevron, ha profundizado la explotación y el abuso, tanto de los recursos como de las personas en el Sur Global. De este modo, es también imperativo consolidar victorias legales que beneficien a esas comunidades, pues son ellas quienes han padecido los impactos más significativos del abuso corporativo. La justicia en los Estados Unidos debe tener la posibilidad de reparar los daños más allá de sus fronteras.
Para alcanzar tal equidad, hay un llamado que crece en las reuniones de negociación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el tratado climático global que forma parte de El Acuerdo de París. Los grupos ambientalistas y aquellos que luchan por la justicia climática están haciendo un pedido a los gobiernos para negociar la implementación de un fondo que brinde soporte a las naciones que han sido severamente golpeadas por los impactos climáticos. Como parte de ese proceso, los gobiernos requieren que los países ricos destinen un porcentaje de las ganancias obtenidas por litigios contra las empresas de combustibles fósiles a dicho fondo. Esto resulta completamente novedoso y provee una vía para reparar el daño que, deliberadamente, han causado las empresas contaminantes.
Sabemos que trabajar solos no funciona. Es momento de trabajar juntos para promover y acelerar una transición justa y equitativa fuera de los combustibles fósiles. Ya es hora de hacer que los Grandes Contaminadores paguen.
